La Procuraduría General de la Nación realizó seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con emisiones atmosféricas de hornos crematorios en los cementerios de Bogotá, D.C.

La acción preventiva, que fue adelantada a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, fue motivada por las quejas frecuentes interpuestas por la comunidad que habita en sectores aledaños a los cementerios de la capital, denunciando los fuertes olores producidos a través de la actividad de cremación de cadáveres de humanos, y teniendo en cuenta que los principales componentes que se pueden encontrar en los gases emitidos por dicha actividad, son altamente tóxicos para el ser humano, como los hidrocarburos sin combustión, monóxido de carbono, partículas, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles, entre otros.

Actualmente en Bogotá existen once hornos crematorios, de los cuales cinco se encuentran en cementerios privados y seis en cementerios distritales, localizados algunos en sectores netamente urbanos y otros en la periferia de la ciudad.

A través del seguimiento que ha hecho el Ministerio Público a estos, se pudo evidenciar que ningún cementerio, tanto público como privado, cuenta con permiso de emisiones atmosféricas vigente para el funcionamiento de sus hornos crematorios, de acuerdo a lo establecido en el decreto 948 de 1995. Solo los cementerios del Norte y Serafín contaron en una época con dicho permiso, y aunque han pasado seis y tres años de su vencimiento, respectivamente, aún no se encuentran renovados.

De igual forma, para el ente de control, se observa que a pesar de que en los últimos años han existido reiteradas faltas a los diferentes parámetros y requerimientos que deben cumplir los hornos crematorios, la administración distrital no ha impulsado los procesos sancionatorios ambientales correspondientes que fallen protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Por tal motivo es urgente e indispensable que la Secretaría Distrital de Ambiente y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), como autoridades competentes, actúen de manera más contundente, ágil, y menos laxa, frente a las infracciones ambientales de los cementerios, tanto públicos como privados, con el fin de hacer cumplir las normas y garantizar la protección del medio ambiente.