El producto consistió en la formulación de una metodología de fácil acceso para que los territorios realicen sus propios diagnósticos y unos lineamientos de política en torno al tema para que sean aplicados de acuerdo con sus propias realidades, y constituyéndose en una hoja de ruta para que los gobiernos locales y departamentales puedan definir programas para el control de estas problemáticas. En estos documentos se presenta un conjunto de programas que los gobernadores y alcaldes pueden aplicar para que la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de la población afectada se garanticen plenamente.

Dichos insumos permitirán entender el comportamiento de los fenómenos a nivel local, como paso previo a la focalización y priorización de intervenciones que busquen un balance entre la persecución penal y la intervención del Estado desde una perspectiva de reducción de vulnerabilidades e inclusión social. Esto centrado en la protección de los derechos de las poblaciones afectadas, con el fin de cerrarles caminos a los traficantes y blindar a las ciudades ante este fenómeno.

Los niños y adolescentes representan casi la mitad de las personas vinculadas al mercado de las drogas. Las zonas en las que se incauta mayormente cocaína están en el sur y el suroccidente. Sin embargo, también aparecen algunos casos específicos en el norte. En los lugares en los que más se incauta esta sustancia también es donde caen mayores cantidades.

En Bogotá se caracterizaron tres zonas con grandes diferencias en las sustancias que se consumen, los compradores, los controles de las organizaciones criminales y los entornos socioeconómicos. En términos generales el precio del basuco en estas zonas oscila entre $ 2.000 y $3.500 por dosis, la marihuana puede encontrarse desde los $ 1.000 el cigarrillo. El estudio también establece que numerosos colegios se hallan en zonas de alta proliferación de comercialización de drogas.